Con este plan de promoción del acceso a la vivienda, Pedro Sánchez ha destacado la necesidad de una intervención pública, compartiendo una docena de medidas enfocadas a la vivienda pública, que incluyen regulaciones para frenar la proliferación de pisos turísticos y la creación de ayudas específicas para los jóvenes que deseen comprar una vivienda.
La Administración General del Estado ha cedido recientemente más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la nueva empresa pública de vivienda para construir pisos sociales de alquiler asequible. Además, se incorporarán inmediatamente 13.000 viviendas de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), con la previsión de que otras 17.000 se vayan incorporando de forma progresiva.
Esta nueva empresa pública de vivienda tendrá prioridad a la hora de adquirir pisos y suelos, con carácter supletorio respecto a los derechos de las Comunidades Autónomas.
Por ley, se garantiza que cualquier inmueble construido por la administración mantenga su titularidad pública de manera indefinida.
El Gobierno quiere aprobar un PERTE para innovar y modernizar el sector de la construcción industrializada, aplicando criterios de sostenibilidad. Esta medida permitirá construir casas en menos tiempo y reducir los costos de construcción. El PERTE se empezará a aplicar en la provincia de Valencia, ya que tiene como objetivo contribuir a la reconstrucción de viviendas y al tejido económico afectado por el paso de la DANA.
Este sistema garantizará el cobro de la renta al propietario y una mayor oferta de vivienda a precios más asequibles. Entrará en funcionamiento durante este año y se aplicará inicialmente a los propietarios que alquilen a personas menores de 35 años. Este sistema ya se ha implementado con éxito en Francia.
Se concederán ayudas a aquellas personas que reformen una vivienda para destinarla a alquiler asequible durante al menos 5 años.
Esta medida se aplicará aunque estas viviviendas no se encuentren ubicadas en zonas de mercado tensionadas.
Esta medida priorizará los pisos de uso residencial. Así, si los pisos turísticos se consideran un negocio, deberán tributar como una actividad económica, incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades de acceso a la vivienda o sobresaturación de pisos turísticos.
para la promoción de vivienda de alquiler accesible.
Se incrementará hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos no residentes cuando compren una casa en España, priorizando que las viviendas disponibles sean para los residentes.
Se buscará perseguir el fraude de este tipo de alquileres y se creará un fondo para que los gobiernos autonómicos y municipales puedan realizar inspecciones exhaustivas de las viviendas turísticas ilegales.
Este plan, que se prevé que entre en vigor a lo largo de 2026, aumentará los programas de ayudas y prestará especial atención a personas mayores, jóvenes, personas con discapacidad y a aquellos que residan en zonas degradadas.
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