Así lo ha manifestado recientemente Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
En palabras de éste, las viviendas turísticas “afectan negativamente la vida de muchas ciudades, haciendo que los precios del alquiler se incrementen, obligando a la gente a abandonar sus barrios y perjudicando a los comercios locales”. Además, el ministro afirma que “en algunas ciudades, los alquileres de las viviendas destinadas a uso turístico representan el 10% del total de los alquileres”. Es por este motivo y para incentivar que la mayoría de los alquileres se destinen a uso de vivienda habitual, que él considera que este tipo de viviendas deberían tributar como cualquier otra actividad comercial, aspecto que actualmente no ocurre y que también serviría para frenar el aumento de la oferta ilegal.
Según la Agencia Tributaria, los propietarios que alquilan pisos para uso turístico se consideran empresarios a efectos del IVA, pero estos arrendamientos están exentos y sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). Por lo tanto, actualmente el arrendador no está obligado a presentar ni a pagar el IVA, a diferencia de los alojamientos típicos de la industria hotelera, que sí deben hacerlo.
No es la primera vez que este gobierno de coalición prepara medidas en contra de los arrendamientos turísticos. Ya en el mes de mayo, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunió con los gobiernos regionales para informarles sobre la adopción inminente de un reglamento europeo que establecerá una plataforma única en todo el país para registrar todos los pisos turísticos legales. Además, Rodríguez ha propuesto recientemente modificar la Ley de Propiedad Horizontal para permitir que las comunidades de propietarios puedan prohibir los pisos turísticos. Según el gobierno, el objetivo de todas estas medidas es “evitar las trampas de los propietarios que intentan esquivar el cumplimiento de la nueva ley de vivienda estatal, que limita los precios del alquiler”.
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